Rompo mi pausa veraniega para comentar esta noticia indignante, bochornosa y sorprendente. Se ha publicado hace unos días.
Sí, muy sorprendente. En España todavía hay personas que confían en la Justicia. Es el caso de N.D, una mujer canaria que en verano del 2012 se quedó en paro y solicitó la prestacion de desempleo que le correspondía. Como era de poco importe decidió ayudarse de la única manera que pudo: intentando vender robots de cocina a comisión. Al ser un producto caro, la cosa no le fue bien y en un trimestre sólo consiguió vender uno, por lo que percibió 216 euros. Con tan mal resultado dejó esa actividad a los tres meses de iniciarla.
Lo que no podía imaginarse esta mujer es que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tras investigar sus ingresos y tener conocimiento de esta comisión tan enorme, resolvió retirarle la prestación total del desempleo que le había concedido. A la pobre N.D. esta decisión le pareció completamente injusta, la recurrió y estos fueron los pasos que se siguieron:
1.- El SEPE le anula la prestación TOTAL y además le reclamó 4.225 euros por cobros indebidos. N.D., que confía en la Justicia, recurre a lo Social y.....
2.- El Juzgado de lo Social num.5 de Santa Cruz de Tenerife en 2016 (cuatro años después) confirmó la sentencia del SEPE por no haber comunicado a la Administración los ingresos obtenidos "en el ejercicio de una actividad por cuenta propia". La mujer, que sorprendemente seguía confiando en la Justicia, vuelve a reclamar al Supremo y...
3.- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo en agosto del 2020 (otros cuatro años más tarde), da la razón a esta mujer canaria y advierte al SEPE que "no procede imponer una sanción de extinción del subsidio de desempleo" ya que los ingresos obtenidos por la beneficiaria son mínimos, insignificantes y basta con la pérdida temporal del subsidio durante tres meses. Justicia relativa.
Aunque me alegra mucho que la sentencia del Supremo esta vez haya sido en parte favorable a esta desempleada, resulta bochornoso que se hayan tardado ocho años en resolver un pleito de 226 euros, tras los fallos emitidos por el SEPE y la Sala de lo Social de Tenerife. ¿Es esto muestra de una Justicia medianamente equitativa?
Y resulta indignante que la noticia sobre la comisionista canaria haya coincidido en unas fechas en las que media España se siente estafada al conocerse las comisiones millonarias supuestamente ilícitas y cobradas por el ex-jefe de estado durante muchos años, mientras que la otra mitad defiende su presunción de inocencia y proclama orgullosamente sus grandes servicios prestados a la patria.
El emérito no está investigado, ni citado. Goza de libertad total y se ha ido a disfrutar a los Emiratos Árabes Unidos y allí está en Abu Dabi, descansando de su dura faena y alojado en unos de los hoteles más caros del mundo, en compañía de una persona de su confianza y de cuatro guardaespaldas de seguridad que paga el estado español. Justicia total. ¿Quién lo duda?
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