En la mañana de hoy ha quedado visto para sentencia en la Sección IV de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, el juicio por el cual el ayuntamiento de Lucena reclama a la Junta de Andalucía la cantidad de 1.048.000 € en concepto de expropiación de los terrenos municipales ocupados por la Consejería de Obras Públicas con motivo de la construcción de la Autovía del Olivar en su tramo entre Lucena y Cabra.
Hasta Sevilla se han trasladado el Jefe de la Sección del Urbanismo del consistorio lucentino, Francisco Ruiz Palma, como letrado, y el ex-teniente de alcalde y responsable municipal de Urbanismo, Miguel Villa –en calidad de testigo–.
Según ha indicado el primero a LucenaHoy, la administración autonómica no ha puesto en entredicho en su defensa cuestiones como la naturaleza expropiatoria de esta ocupación de suelo municipal o el precio de los mismos –esgrimidas por el ayuntamiento– sino exclusivamente el hecho de que, a su juicio, el pago del millón de euros que pide el consistorio habría sido ya satisfecho por la Junta de Andalucía mediante las obras realizadas en su día en el entorno de la autovía, como son la creación de una pasarela de acceso al campo de fútbol, el ajardinamiento de taludes y de la rotonda central del trazado o la regulación de escorrentías en la zona de Las Peñuelas, cuestiones que quedaban recogidas en un protocolo de actuaciones firmado en su día entre el exalcalde, José Luis Bergillos, y la entonces consejera de Obras Públicas, Rosa Aguilar, protocolo que, sin embargo, quedaba supeditado a una aprobación por el pleno municipal que nunca llegó a producirse, al considerarse que las actuaciones realizadas eran, en su mayoría, complementarias a la propia construcción de la autovía, y, en ningún caso, compensables por el ayuntamiento.
Queda ahora esperar sentencia para un juicio en el que ha resultado decisivo el impulso dado en su día al procedimiento por el ex-responsable de Urbanismo, Miguel Villa, que públicamente se comprometió a llevar el asunto ante la Justicia en el caso de que resultaran infructuosas las negociaciones iniciadas con los sucesivos delegados provinciales de Obras Públicas para lograr el establecimiento de un justiprecio y el cierre del proceso de expropiación iniciado por la propia Consejería.
Hoy, Miguel Villa mostraba públicamente a través de las redes sociales su satisfacción por este juicio, indicando que sirve para "defender los intereses de mi pueblo y reclamar 1.048.000 € de la expropiacion de los terrenos que es de mis vecinos". "La Junta nos los debe.
Prometí defenderlos y reclamarlos y hasta aquí hemos llegado. Deseémonos suerte", concluía Villa.