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El Ayuntamiento de Lucena observa con preocupación el incremento de la morosidad en las viviendas que gestiona la empresa municipal de Suelo y Vivienda de Lucena, Suvilusa. Según el alcalde y máximo responsable de la empresa, Juan Pérez, en torno al treinta y cinco por ciento de los inquilinos de las viviendas sociales gestionadas por Suvilusa no pagan sus recibos.
La situación no es nueva, sino que viene acentuándose desde hace tiempo debido a la crisis económica. Juan Pérez, reconocía a LucenaHoy que por el momento, "la deuda global alcanza unos 49.000 euros" y se hace necesario adoptar medidas. "Hay que buscar las mejores soluciones para las familias, pero también para la empresa pública, que no tiene ánimo de lucro pero se mantiene con esto y no puede seguir acumulando deudas e impagados", señala Pérez, que añade que "lo que no se paga a Suvilusa impide también que Suvilusa pueda atender sus compromisos de pago, por ejemplo con los adjudicatarios de pisos que en su día tuvieron que renunciar a los mismos ante las dificultades económicas y que desean recuperar las cantidades entregadas a cuenta".
Suvilusa gestiona 27 viviendas de promoción pública las calles Málaga y Sevilla y 6 más en la vía José Muñoz Nieto. Todos estos inmuebles son propiedad de Suelo y Vivienda de Lucena S.A. Además, también se encarga de administrar 53 pisos, igualmente de promoción pública, en las calles Málaga y Sevilla, aunque estos pertenecen a AVRA antigua EPSA. A esta lista de viviendas protegidas se suman los 22 alojamientos de la calle Corazón de Jesús, o las más de cincuenta viviendas en alquiler con opción a compra incluidas ahora en el Plan Municipal de Vivienda en las promociones de Zarpazo y Plan Parcial Oeste 1, a las que se sumarán de forma inmediata otros 38 pisos construidos por AVRA en el Zarpazo.
En la mayoría de los casos, el precio de los arrendamientos se sitúa entre los 70 y los 150 euros al mes. Salvo en las promociones de Zarpazo y Oeste 1, estas viviendas se alquilaron hace años y el coste de la renta se fija en consonancia con la superficie de los domicilios. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que, en algunos casos, ha cundido la idea de que no ocurre nada si no se asumen las mensualidades de los pisos que arrienda el Ayuntamiento de Lucena y los recibos impagados y devueltos se agolpan en Suvilusa.
La intranquilidad en la Administración local se intensifica al comprobar que en los edificios habitables incluidos en el Plan Municipal de Vivienda comienzan a observanse similares síntomas, solo dos meses después del inicio del desarrollo del proyecto.
MEDIDAS INMEDIATAS
Como primera medida, Suvilusa ha enviado una carta a cada uno de los inquilinos en situación de morosidad. "Queremos que vengan para intentar encontrar una solución adaptada a su situación económica y familiar que permita estudiar una manera de atender la deuda que mantienen con la empresa municipal de acuerdo con sus posibilidades", señala el regidor lucentino, que indica que "el consejo de administración es consciente de que hay familias que por su situación tendrán que ser derivadas a Servicios Sociales, pero también otras que tendrán que empezar a marcar sus ritmos de prioridad de otra forma, por lo que pretendemos analizar cada caso, familia a familia, tanto en el consejo de Suvilusa como en la Comisión Municipal de Vivienda, en la que también participan colectivos como las asociaciones de vecinos o Stop Desahucios".
Juan Pérez indicaba que "pretendemos encontrar soluciones, no crear más problemas a las familias en situación económica más precaria, por eso esperamos que las familias respondan, hay casos de familias que realmente no pueden hacer frente a sus obligaciones por necesidad y para ellos habrá que estudiar soluciones diferentes que para aquellas otras que han dejado de pagar por negligencia".
El Consejo de Administración de Suvilusa pretende adjudicar esta semana todas las viviendas de alquiler con opción a compra que quedan disponibles. Además, Juan Pérez adelantó que en marzo se satisfarán a los adjudicatarios de pisos que finalmente no pudieron concretar la compra de los mismos una parte de los 115.000 euros que se les adeudan. El resto se les devolverá cada tres meses con el importe de los alquileres de los nuevos adjudicatarios a través del Plan Municipal de Vivienda.