IUCA quiere compromisos concretos de la Consejería de Salud respecto al Centro Social Sanitario y ese compromiso tiene un nombre –la licitación del proyecto del centro sanitario– y fecha –antes de abril–. En caso contrario esta formación política propondrá al pleno del Ayuntamiento de Lucena que se proceda a denunciar a la administración andaluza para que haga frente a los gastos ocasionados por la expropiación –en 2009– de la parcela de 69.430 metros cuadrados para la ubicación del complejo sanitario –con un coste final para las arcas municipales de 749.670 euros, superior a lo inicialmente previsto– y los derivados de la urbanización de los mismos, con un coste adicional de otro medio millón de euros.
El portavoz de esta formación, Miguel Villa, ha señalado hoy que "en este ayuntamiento, desde que esta gobernado por el PSOE, tenemos que ir a toque de demanda en los tribunales par pedir a la Junta que cumpla sus compromisos con Lucena", como lo demuestra la reciente sentencia del TSJA que ratifica la obtenida en la vía contencioso-administrativa y que obliga a la Junta a pagar al Ayuntamiento 317.425 € por suministro eléctrico y gastos derivados del uso de las instalaciones del complejo educativo de Los Santos como centro de formación profesional ocupacional, o la anterior, relativa a la expropiación de terrenos municipales para la autovía del Olivar.
El portavoz de IUCA indicó que "cuando uno expropia unos suelos se hace para un fin, si ese fin no se cumple... tendrán que pagar los gatos ocasionados" y añadió que "estamos convencidos de que la Junta, después de diez años de mentiras, sigue con ellas y no tiene intención de construir el CARE de Lucena en un plazo inferior a diez años vista".
Respecto al reciente fallo del TSJA sobre la deuda contraída por la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento, Carlos Villa ha señalado que "queda pendiente de saber que ocurre con las cantidades que la administración andaluza sigue debiendo de los años 15, 16 y 17" y anunció que instarán al pleno a que se solicité a los servicios técnicos municipales una valoración de las cantidades no satisfechas y se proceda como con la deuda anterior, otorgando a la Junta un plazo de tres meses para hacer frente al pago de las mismas o, en caso de impago, se denuncie nuevamente.
Además, Carlos Villa anunció que IUCA endurecerá su labor de fiscalización de la acción de gobierno municipal. "Queda algo más de un año para que finalice el mandato corporativo y vamos a llevar a cabo un control y fiscalización más exhaustiva del equipo de gobierno, porque el PSOE no está por la labor de salir a dar la cara frente a los incumplimientos de la Junta o del control de las empresas que prestan servicio a este ayuntamiento".
Por su parte, Miguel Villa ha añadido que la diferencia entre IU y el PSOE sobre estos temas es patente: "Mientras que PSOE hace 'seguidismo' de lo que dice la junta de Andalucía, IUCA denunció en los tribunales una deuda correspondiente a una consejería que ostentaba nuestra compañera Elena Cortés".