El consejo de la Gerencia de Urbanismo ha dado luz verde a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Lucena. El primer paso será el encargo de un estudio técnico y jurídico que determine el alcance de la revisión a realizar, trabajo que será ejecutado por el propio personal de esta agencia local, según explicó ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Villa, que aseguró que el objetivo principal de esta medida será el de adecuar la normativa vigente a la realidad socio-económica de la ciudad.
En este sentido, Villa expuso que el PGOU vigente, aprobado en 2001, en pleno boom económico y urbanístico con un periodo de vigencia de doce años, respondió a unas previsiones de desarrollo de suelos de primera y segunda residencia, industriales y comerciales que no se ha cumplido. Corregir esos desequilibrios será la función principal de una revisión que el ayuntamiento cree que podría estar concluida en un plazo de dos años y que supondrá, de hecho, un nuevo PGOU, en el que el volumen de suelos urbanizables se reducirá de forma importante y también las normas que regulan qué y cómo se puede construir en cada zona.
Villa expuso casos puntuales como los de las pedanías de Jauja o Las Navas. En la primera, el suelo urbanizable definido en el PGOU actual es superior a la superficie del casco urbano consolidado y se incluye en una sola unidad urbanística, lo que obligaría a cualquier empresa o ciudadano interesado en construir a garantizar la totalidad de la urbanización de la zona, lo que se traduce, de hecho, en que no se construyen más viviendas pese a existir interesados en edificar.
Del mismo modo, en la zona de segunda residencia de Campo de Aras, existen miles de metros cuadrados de olivar calificados en el PGOU como suelos urbanizables pese a que pasarán más de 20 años antes de que se edifiquen, algo que carece de sentido, puntualizó Villa, que aseguró que el nuevo plan deberá garantizar que no se perjudiquen los derechos adquiridos de los actuales propietarios.
Otro asunto a abordar será la definición de las zonas acústicamente saturadas en el centro urbano o la adaptación a normas de rango superior como es el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía.
Villa explicó que la decisión ha sido aprobada por unanimidad en el Consejo Local de Participación Ciudadana, Urbanismo y Medio Ambiente.