Teresa Alonso, concejal delegada de Servicios Sociales, ha informado hoy sobre el inicio del plazo de solicitud de las ayudas para hacer frente al pago del suministro vital de agua para familias en riesgo de exclusión social, programa del que se beneficieron durante 2016 unas cincuenta familias.
La convocatoria, que se mantendrá abierta durante todo el año, es similar a la que se desarrolló en el último tramo de 2016 y pretende garantizar un mínimo de agua vital a los lucentinos que lo necesiten.
Esta convocatoria va dirigida a personas físicas que estén empadronadas en la localidad, que residan en una vivienda propia o de alquiler; para lo que deberán entregar la documentación pertinente que así lo acredite. Se pretende cubrir tres metros cúbicos por usuario y la subvención puede oscilar entre el 100% y el 50% del recibo de agua.
Alonso indicó que hay una partida de 30.000 euros para este fin. No obstante, dentro de ese presupuesto existe otra cantidad dirigida a suministro básicos que podía hacer una aportación adicional si fuese necesario. La edil socialista señaló que durante el último trimestre de 2016, cuando comenzó a funcionar este programa, el ayuntamiento gastó unos 5.000 euros en el pago de estas bonificaciones. No obstante, se espera que este año pueda incrementarse el número de beneficiarios, dado que en 2016 se presentaron 70 solicitudes, reclamándose a algunos de los peticionarios documentación adicional que ahora puede ser aportada, sumándose a las familias que ya reciben estas ayudas.
Estas bonificaciones se pueden solicitar en el Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC), y la documentación que se debe aportar es la solicitud de la ayuda, que se la ofrecerán en el mostrador, fotocopia de la factura, fotocopia del DNI de todos los miembros mayores de 14 años, el libro de familia, la vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, contrato de trabajo o certificado que acredite que no tienen ingresos, documentos acreditativos en el caso que exista en la unidad familiar una persona con discapacidad, etcétera. Una vez concedidas las ayudas tendrán validez de un año de vigencia y se incluye la obligación de que los beneficiarios notifiquen al ayuntamiento de algún cambio en su situación socioeconómica.
Aquellas personas que ya han disfrutado de estas ayudas solo tendrán que solicitar la revisión de su caso, para que se compruebe que las causas que motivaron su concesión en 2016 se mantienen.