La sede lucentina del Instituto Andaluz de Tecnología (IAT), antiguo Centro tecnológico de la Madera, se encuentra desde hace unos días practicamente inactiva, después de que desde esta fundación privada, declarada de interés público y con centros en Sevilla, Málaga, Lucena y en países como Méjico o Chile, haya despedido progresivamente a parte de la plantilla de sus centros mediante expedientes de regulación de empleo iniciados en febrero del pasado año.
En el caso de la sede lucentina, tras los últimos despidos el centro solo dispondría con una empleada en situación de baja laboral, y sus instalaciones solo son utilizadas por la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR), que tiene cedida en el inmueble, ubicado en el parque empresarial Príncipe Felipe, una oficina donde trabaja su gerente y algunas dependencias para el desarrollo de varios programas de colaboración entre empresas del sector en materia de eficiencia energética, según han confirmado fuentes de la propia asociación empresarial a este periódico.
El IAT se hizo cargo del Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble de Andalucía, CITMA, en abril de 2013, fusión que fue presentada entonces como una oportunidad para acometer proyectos de mayor calado y envergadura y la posibilidad de una más intensa actuación con las empresas en las actividades de I+D y Servicios Intensivos en Conocimiento.
Pocos meses más tarde, la asociación de fabricantes del frío presentaba en sus instalaciones el proyecto "Eficiencia Supermarket", participado por algunas de las principales firmas lucentinas y andaluzas del sector.
En marzo del pasado año, el IAT presentó su Centro de Ensayos y Soluciones Productivas, diseñado para ofrecer a las empresas servicios avanzados en eficiencia productiva y de impresión en 3D, ensayos mecánicos, de corrosión y bajo atmósferas diversas o verificación dimensional de componentes, utillaje o maquinaria.
Hace tan solo unos días, la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía resolvía la concesión al IAT de incentivos en materia de innovación por un valor que 440.000 euros para favorecer que la investigación básica resulte en productos, procesos o servicios de utilidad social y para el tejido productivo y otros 159.000 euros destinados a garantizar el funcionamiento diario de sus centros de apoyo a la innovación, entre ellos el de Lucena.
El concejal del Ayuntamiento de Lucena, Vicente Dalda, ha indicado a este medio que pedirá al alcalde explicaciones sobre la situación de este centro de referencia para el tejido empresarial lucentino y preguntará si se han realizado algún tipo de gestiones sobre la continuidad de su actividad.
La situación actual de preconcurso de acreedores implica tres meses de negociación con los acreedores. Una vez finalizado ese periodo y si no se logra el convenio, la empresa insolvente tiene otro mes para presentar al juzgado la solicitud de declaración de concurso. En principio, no tiene porqué suponer ningún cambio en la actividad ordinaria de la compañía y mantiene con todas sus facultades a sus órganos de administración y de dirección.