Las organizaciones profesionales agrarias (OPA) Asaja, COAG y UPA y las cooperativas agroalimentarias de la provincia han participado este martes en una caravana de "cientos de vehículos" en Córdoba capital, "en defensa del sector agrario y el medio rural", para dejar claro que "sin explotaciones rentables el campo no tiene futuro" y opinando, además, que "la agricultura merece otro Gobierno" en España. Entre los manifestantes se encontraba una delegación de agricultores de las dos cooperativas olivareras de Lucena.
En declaraciones a los periodistas, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, que ha estado acompañado por los responsables provinciales de COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, Carmen Quintero, Miguel Cobos y Rafael Sánchez de Puerta, al inicio de un recorrido como reacción ante "un conjunto de ministerios" que, con sus acciones, evidencian "odio y desprecio hacia el mundo agrario".
Ello es así, según ha señalado Fernández de Mesa, no solo con las consecuencias negativas para el sector que tendrá la nueva Política Agraria Común (PAC), junto con la fiscalidad que se les impone, además del incremento que tienen que soportar en los costes de producción, empezando por las subidas de la luz, sino también "en el tema de la caza", además de con "Nutriscore, que es algo increíble", siendo igualmente "disparatado" cómo se quiere acabar con la temporalidad en el campo.
En definitiva y según han resaltado los representantes de las OPA, los agricultores y ganaderos están "al límite" y, entre otras cosas, reclaman "precios justos", con una caravana que ha comenzado en el Recinto Ferial de El Arenal y que, tras pasar por la Plaza de Andalucía, la avenida Vallellano, el Paseo de La Victoria, Ronda de Los Tejares, Plaza de Colón, Vial Norte y avenida República Argentina, concluye ante la Subdelegación del Gobierno central, para entregar un documento con sus demandas.
El motivo de la protesta, a la que se han sumado representantes del PP y Vox, en definitiva y según han explicado, "es la defensa del sector primario, fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, y exigir a las administraciones un apoyo firme a todos los niveles, donde se articulen medidas fiscales, económicas, legislativas y políticas para proteger la producción de alimentos en nuestra provincia. Una actividad cuyo futuro está en peligro por la escasa e incluso nula rentabilidad que obtenemos los productores".
Los convocantes han exigido "dignificar el papel que desempeñan los agricultores y ganaderos, que proporcionamos alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizamos la supervivencia del mundo rural, y que contribuimos de forma decisiva a la sostenibilidad y mitigamos el cambio climático al ser sumideros netos de CO2".
Demandas
De forma concreta, el sector demanda, respecto a la nueva PAC "que el Ministerio de Agricultura cambie sustancialmente sus propuestas y que la Junta de Andalucía mantenga firmeza en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos", para lograr "una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía", y que "se reconozca la realidad, la diversidad y el potencial productivo del campo".
En cuanto a los "altos costos" de producción y la fiscalidad que afecta a los agricultores y ganaderos, reclaman "un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria, acabar con la venta a pérdidas y el uso de los productos agrarios como reclamo en los puntos de venta a los consumidores, investigación de oficio ante posibles fijaciones de precios, que se articulen medidas fiscales, económicas y políticas para proteger la producción de alimentos en España, y puesta en marcha de tarifas eléctricas competitivas, condonación de impuestos directos y los cánones de riego o rebajas del IVA", junto al "adelanto de las subvenciones y la creación de líneas ayudas, ágiles y directas".
Respecto a las nuevas normas laborales "que se pretenden implantar en el campo", las organizaciones agrarias piden "contratos temporales, por ser una necesidad intrínseca a la naturaleza de la actividad, adaptados a la realidad de las cosechas y labores del campo" y, "al igual que el sector de la construcción tiene un tratamiento diferenciado, el sector agrario merece un tratamiento específico".
También quieren que se adapte "la condición de fijo discontinuo, cualquiera que sea la actividad desarrollada en la empresa, a la realidad de la actividad agraria", para que "este contrato sea beneficioso para las empresas y los trabajadores", junto a "bonificaciones en las cotizaciones de Seguridad Social a la conversión de contratos temporales en fijos y fijos discontinuos" y, por último, que haya "controles en frontera y reciprocidad con terceros países", pues "no es razonable, ni justo, ni estratégico, permitir la competencia desleal de terceros países".