El reiterado incumplimiento de las mensualidades correspondientes al aplazamiento de la deuda que el Lucena CF mantiene con la Seguridad Social -generada desde anteriores temporadas- ha provocado que este organismo exija el importe íntegro de la misma, una cantidad que supera los 300.000 euros. De esta forma, y según precisa el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 38/2003 de 17 de noviembre, se contraviene uno de los requisitos inexorables para obtener ayudas públicas, en este caso, no hallarse al corriente del pago con Hacienda o con el organismo que ofrece cobertura a una serie de hechos. Por lo tanto, el dinero que tanto el Ayuntamiento de Lucena como la Diputación de Córdoba habían consignado para el club -100.000 euros en total- está retenido por ambas instituciones.
Fuentes próximas al club han asegurado a LucenaHoy que a fecha de 1 de febrero estaban resueltas las gestiones con el Consistorio y con el ente provincial para que se transmitiese el dinero pactado al Lucena CF. Solo restaba rubricar sendos convenios una vez que se acreditara la ausencia de obligaciones pendientes con el sistema tributario y Seguridad Social.
Tras infringir el acuerdo con esta última institución al menos en tres ocasiones, la moratoria del débito estipulada en 3.000 aproximadamente cada 30 días- se suprimió para requerir el montante global. Esta modificación se notificó el pasado 10 de febrero, solo 3 días después de que el Ayuntamiento de Lucena ratificara la contribución municipal al club.
Como consecuencia de todo ello, Agustín Corrales, presidente del consejo rector del Patronato Deportivo Municipal, registró este martes una instancia por la que impugna el pacto de dicho organismo autónomo con el Lucena CF y solicita la suspensión cautelar de cualquier acción encaminada a efectuar el desembolso de los 60.000 euros previstos. Cabe recordar que Izquierda Unida votó en contra de otorgar una partida económica al club que administran Eduardo Bouzón y Javier Martí Asensio. Por el contrario, tanto el PSOE como el PP se posicionaron a favor.
Así, la principal vía de ingresos está obstruida actualmente. El peculio procedente del Ayuntamiento y de la Diputación es el recurso al que siempre ha invocado la directiva lucentinista para asegurar la viabilidad económica. Por último, otra cuestión que empieza a preocupar es la referente a los emolumentos arbitrales, aunque todavía no se ha emitido ninguna multa por parte de la Real Federación Española de Fútbol.
MANUEL GONZÁLEZ