La Peña Taurina de Cabra pretende demandar a un maestro valenciano que, supuestamente y través de las redes sociales, insultó, vejó y deseó la muerte a los familiares del diestro Víctor Barrio, contra el que también dirigió insultos, tras fallecer el torero este pasado fin de semana en Teruel, corneado por el toro que lidiaba.
Ante esto, y según ha informado el Bufete Osuna, que representa a la peña taurina egabrense, ésta tiene intención de adoptar "acciones judiciales por las graves palabras contra el torero fallecido, su familia y el mundo de toro", siendo ahora objeto de estudio si la mencionada demanda se presenta "por la vía civil o la penal".
Igualmente, "se trabaja para que se unan a esta vía judicial muchas peñas taurinas de España, toreros, empresarios y, en general, personas sensibles a este tipo de conductas censurables", y todo ello con el de "pedir amparo a la Justicia, para que, de manera radical, finalice este ajusticiamiento mediático y la reproducción de insultos".
También se busca con esta demanda, según ha señalado el citado bufete, "que la opinión pública sea consciente de la realidad de los hechos, pues tienen derecho a una información veraz, que cesen inmediatamente estas conductas ilegales de intromisión ilegítima al honor, retractándose de las mismas la persona que las ha difundido", y "que finalice la exposición pública de mentiras e insultos".
A juicio del referido despacho de abogados, "la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, lo que significa que de la protección constitucional que otorga el artículo 20.1a están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad, sean ofensivas o ultrajantes y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate".
En los últimos días la indignación del mundo taurino y de muchos ciudadanos ante los insultos de algunos individuos en las redes sociales contra el diestro fallecido y su familia han provocado numerosas reacciones, desde la apertura de una iniciativa en Charge.org para pedir que se retire del mundo docente a uno de los autores de estos lamentables comentarios, profesor de profesión, hasta la entrada en liza del Ministerio de Interior, que investigará algunos tweets por si pudiesen ser constitutivos de delito o la presentación de una denuncia por la Fundación Toro.