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La Diputación de Córdoba va a incrementar su aportación a los ayuntamientos y empresas que prestan el servicio de ayuda a domicilio, pasando de 12 a 12.50 euros, lo que supone un importante salto cuantitativo y cualitativo, que va a redundar en el bienestar de los trabajadores, en la buena gestión y, por ende, en calidad de la asistencia de este programa, según palabras del vicepresidente primero de la institución provincial, Salvador Fuentes.
El también delegado de Hacienda de la Diputación ha insistido en que este incremento va a afectar a unos 1.523 trabajadores, y de él se van a beneficiar un total de 69 ayuntamientos, 49 de los cuales prestan este servicio a través de empresas, y los 20 restantes lo hacen de forma directa y ha explicado que se va a llevar esta propuesta al Instituto Provincial de Bienestar Social para su aprobación.
Asimismo, Fuentes ha recordado que a día de hoy la Junta de Andalucía sigue sin pagar la deuda que mantiene con la Diputación de Córdoba, que asciende a 17.453.238 euros, ya que de los 18.773.689 euros que debía, tan sólo ha aportado 1.320.432 euros, correspondiente al programa de servicios sociales comunitarios.
El vicepresidente primero ha lamentado también que aún no hayamos recibido la resolución por parte de la Junta que nos indique de qué cantidades disponemos para el año próximo en materia social, teniendo en cuenta que el borrador de presupuesto de la Diputación está más que hecho y la idea es aprobarlo en la primera quincena de enero de 2014.
En este sentido, la delegada de Bienestar Social, Dolores Sánchez, ha subrayado que según convenio, esta resolución debe llegar en el mes anterior a cada semestre, y aún no la hemos recibido, con lo cual vamos a tener que hacer una estimación en base al ejercicio anterior.
Sánchez ha destacado la vocación social ineludible de este equipo de gobierno, que se ha reflejado en los programas que se han llevado a cabo en 2013 y en las cifras que manejamos para el próximo año y ha enumerado el programa de ayuda económica a familias que tienen menores a su cargo; la emergencia social, por la que se pagan recibos de agua, luz e hipoteca; el programa de empleo social, que lo utilizan los ayuntamientos para contratar personas en situación de exclusión social; el de adaptación del hogar, y el de urgencias para aquellas personas dependientes que no tienen la ayuda a domicilio.
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