La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Capulus', ha instruido diligencias como investigado al gerente mercantil de una empresa de compraventa de vehículos de la provincia de Córdoba cuyo nombre no ha trascendido por los supuestos delitos de estafa y falsedad documental, tras supuestamente manipular el cuentakilómetros de 180 vehículos y alterar de sus kilómetros, oscilando entre 20.000 y 240.000, en cada uno de ellos.
Según indica la Benemérita en una nota, el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Montijo (Badajoz) inició una investigación a raíz de la denuncia presentada por un vecino de la localidad pacense de Puebla de la Calzada, quien comunicaba a los agentes haber sido estafado en la compra de su vehículo, adquirido a través de Internet a una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano con sede en Córdoba.
Este hecho lo corroboró la persona tras pedir un certificado histórico a la marca, y comprobar el desfase de kilómetros existentes entre los marcados en el odómetro y los reales, siendo la diferencia de más de 100.000 kilómetros.
Ante la sospecha de que esta empresa previa a la matriculación nacional podría estar manipulando los odómetros de los vehículos que vendía con el fin de reducir el kilometraje real y así revalorizar su precio en el mercado de ocasión, haciéndolos más atractivos a los compradores, se inició una laboriosa investigación de más de un año.
Con las inspecciones llevadas a cabo y análisis documental se pudo constatar que la entidad cordobesa importaba los vehículos desde Alemania, Francia e Italia y, antes de su matriculación nacional, modificaba los kilómetros reales anotados tanto en las facturas de compra expedidas por las empresas europeas como de sus odómetros.
Así fue como se detectó los ilícitos penales de estafa y falsedad documental de un total de 180 vehículos vendidos a vecinos de diferentes provincias españolas, en su mayoría pertenecientes a la Comunidad de Andalucía, cuya reducción del kilometraje habría oscilado entre 20.000 y 240.000 kilómetros cada uno de ellos, una acción delictiva con la que habría obtenido un beneficio económico de más de 450.000 euros.
Con las pruebas incriminatorias, al gerente mercantil de la empresa implicada en la acción delictiva se instruyó diligencias y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial de Córdoba.